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El régimen de prensa durante la II República estuvo dominado por la censura, primero soterrada y más tarde instaurada oficialmente y sin tapujos. Con los gobiernos del I Bienio, la prensa vivió la esquizofrenia legal de disponer de una libertad expresamente declarada en la Constitución de 1931 y literalmente vapuleada por otras disposiciones menores que se alumbraron con el único propósito de establecer cotos precisos. Del control tácito que realizó el gabinete provisional se pasaría, tras la elección a Cortes Constituyentes, a una situación de cerco escrupuloso, alentada por la ley de Defensa de la República. La escalada de control desembocó en la Ley de Orden Público, con la que el gobierno se arrogaba la potestad de suspender garantías constitucionales y que se convertiría, con la derecha y en la etapa final del Frente Popular, en un arma legitimadora de la censura previa.
