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Al oír y leer algunos de los comentarios que suscitó la aprobación, el 26 de mayo de 2010, de la Ley de la lengua de signos catalana (LSC), pueden entenderse algunos de los posibles porqués de su demora. Un día después de aprobarse la ley por 132 votos a favor y ninguno en contra, el portavoz de UPyD en Cataluña, Antonio Robles, en rueda de prensa, afirmaba: �Nos parece un ejercicio de crueldad innecesaria excluir la lengua de signos común de todos los españoles de la enseñanza vehicular de los niños sordos y sordociegos.� . Asimismo, el Sr. Robles declaraba no comprender la razón de que PP y Ciutadans hubieran votado a favor de dicha ley, y se lamentaba de que UPyD no hubiera estado en el hemiciclo para haber podido oponerse a lo que él considera la exclusión de la lengua de signos española (LSE). Mientras que el PP no dejaba oír su contrarréplica, el partido de Albert Rivera reconocía su error en la votación, ya que �entendía que el texto final, que se sometía a votación, era bilingüe, es decir que permitía escoger entre la lengua de signos española y la lengua de signos catalana� .
Afirmaciones de este tipo nos llevan a recordar que el debate y la polémica sobre el bilingüismo en Cataluña, cuyo fuego han querido atizar políticos como Antonio Robles aprovechando la aprobación de una ley tan celebrada por la comunidad sorda, no tiene sentido alguno para la lengua de signos. Pero lo cierto es que no puede reprochárseles un desconocimiento que, desgraciadamente, es generalizado entre aquellos que no han tenido ocasión de acercarse a la realidad de los sordos, o a su lengua.
