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María Fernández de Casadevante Mayordomo
No se puede negar que el fenómeno migratorio se ha visto intensificado y, como consecuencia, muchos inmigrantes que desconocen nuestra lengua necesitan ser asistidos judicialmente. A nivel nacional son varios los instrumentos y leyes que de una u otra forma recogen el derecho a la traducción y a un intérprete en el entorno legal, teniendo en cuenta que el inmigrante puede necesitar la presencia de un intérprete como acusado, pero también como víctima. No obstante, nos encontramos con que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de delito cuentan en su articulado con elementos que no garantizan la igualdad de condiciones en las relaciones con la justicia de aquellas personas que no comparten el idioma del tribunal, y permiten que cualquiera lleve a cabo dicha labor de traducción e interpretación.
Due to the increase in the migratory phenomenon, many immigrants who do not know our language need legal assistance. Nationally, there are several instruments and laws that somehow include the right to translation and interpreting in the legal field, taking into account that the immigrant may need the presence of an interpreter as a defendant, but also as a victim. However, we find that the Spanish Criminal Procedure Act and the Spanish Law 4/2015 on the standing of victims of crime contain elements that do not guarantee equal conditions in relation to justice for those who do not share the language of the court.
