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Las últimas sentencias judiciales que han tenido lugar en España, lo más a menudo contrarias al uso preferente de la lengua vasca en la administración pública, han puesto de manifiesto la vascofobia persistente del sistema judicial tanto autonómico como estatal. Efectivamente, los jueces y magistrados han heredado una cultura profesional de la época franquista poco tolerante a las lenguas minoritarias, su nombramiento no está exento de consideraciones políticas y su escaso conocimiento del euskera es palpable. Empero, tanto la Constitución española y los Estatutos de Autonomía como las leyes relativas a la lengua vasca no solo confieren un estatus de cooficialidad a dicha lengua en el conjunto del territorio o en la parte vascohablante, sino que, además, reconocen un conjunto de derechos lingüísticos a quienes hablan la lengua vasca, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas. Todo ello no ha impedido la serie de decisiones judiciales contrarias a estos derechos.
